Pregunta 4: No prescripción de abuso a menores

De cara al plebiscito del 4 de febrero, diversos sectores han manifestado su respaldo a esta pregunta en momentos en que se investigan 919 denuncias de delitos sexuales a escolares entre 2014 y enero de este año.
El ministro de Educación, Fander Falconí, ha dicho que votar por el Sí pondrá de relieve el interés social en luchar por la protección de niños y adolescentes.

“Al votar Sí, el Ecuador le va a dar una gran lección al mundo del interés social en generar una política de Estado alrededor de los derechos de nuestras niñez y adolescencia”, manifestó el Ministro.
El titular de Educación actualizó a 919 los datos sobre denuncias de delitos sexuales cometidos a escolares entre 2014 y enero de 2018, de los cuales el 67 por ciento ocurrieron dentro de los centros educativos y el 33 por ciento fuera de ellos, una situación que calificó de «realmente grave».
«Yo no encuentro, la verdad, alguien que con sus cinco sentidos venga a votar ‘No’ en esta pregunta, todas las encuestas dicen que es la pregunta que está liderando en intención de voto», refirió en relación a la pregunta sobre los delitos sexuales a menores.

Y es que aunque los sectores políticos se han mostrado divididos sobre las preguntas 2 (reelección indefinida), 3 (reestructura del CPCCS) y 6 (Derogación de Ley de Plusvalía), en esta interrogante hay unanimidad.
La asambleísta Silvia Salgado, titular de la Comisión Aampetra, encargada de investigar casos de abuso sexual a niños y adolescentes en el sistema educativo, dijo que las cifras actuales reflejan la vulnerabilidad de los menores.
“El escenario preocupa por los casos que se han hecho públicos en el sistema educativo, pero pueden estar en un contexto exterior, en la familia y en la sociedad”, explicó.

La legisladora Doris Soliz, de Alianza PAIS, manifestó su apoyo a esta pregunta y la calificó de positiva “porque se trata de un tema en el que toda la población va a estar de acuerdo”.
El asambleísta Esteban Bernal, de CREO-Participa, manifestó que desde todos los sectores políticos “estarán de acuerdo” para que “esta atrocidad de actos no prescriban para proteger a nuestros niños y adolescentes”.

UNICEF
Joaquín González-Alemán, representante en Ecuador del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, felicitó que se haya incluido la pregunta sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra los niños.
“Es una medida necesaria para luchar contra la impunidad. Un delito de esta magnitud debe ser denunciado y sancionado en cualquier momento, sin importar el tiempo que ha transcurrido”, afirmó González-Alemán en un comunicado.

“Este planteamiento permite visibilizar la problemática de los delitos sexuales contra los niños y envía un mensaje a la sociedad de que esto no debe ser tolerado. Es necesario ahora fortalecer la articulación entre las diferentes instancias del gobierno para fortalecer la prevención y la respuesta adecuada a los casos”, agregó.

Normativa
Actualmente, el Código Integral Penal (artículo 417, numeral 3, literal a) señala que esos hechos se extinguen en el mismo tiempo de la pena máxima del delito cometido. La condena más alta por violación a un menor de 10 años es de 22 años.
El artículo 170 del COIP sobre abuso sexual a menores establece una pena privativa de libertad de cinco a siete años.

El artículo 170 del COIP alusivo a la violación indica que “quien la comete será sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años”.
El último inciso determina que “si se produce la muerte de la víctima se sancionará con pena privativa de libertad de 22 a 26 años”.

Escucha
En octubre pasado, el Gobierno informó de la elaboración de un protocolo de escucha especializada en casos de abuso sexual a menores, a fin de evitar que las víctimas pasen por numerosas entrevistas, revivan las agresiones y asegurar así la calidad del testimonio como prueba.

En el diseño del mecanismo de entrevista, intervienen la Fiscalía General del Estado, con el apoyo de UNICEF y del Ministerio de Educación.
El protocolo permite darle valor a la palabra del niño y tomarla en cuenta en el proceso judicial, una medida crucial debido a que en la mayoría de los casos de abuso sexual los únicos testigos son la víctima y el abusador. “El menor se encuentra en clara desventaja por su condición vulnerable”, precisó un comunicado de UNICEF. (RET) (I)

FUENTE: EL TIEMPO