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A lo largo de la campaña y al asumir el mandato el 24 de mayo en la Asamblea, el mandatario dijo que tenía “la mano extendida” a todos los sectores e incluso invitó a regresar a los sectores que se habían alejado de la Revolución Ciudadana durante la última década.
Esta iniciativa se oficializó en un evento que se realizó en la Gobernación del Guayas el 20 de junio pasado cuando Moreno convocó al denominado Gran Diálogo Nacional, que para el gobierno constituye un instrumento participativo para la concreción de acuerdos que permitan el fortalecimiento del mandato popular y la construcción de políticas estatales que mejoren la gobernabilidad.
En esa lógica se dieron los primeros encuentros con dirigentes, férreos opositores a su antecesor Rafael Correa, como Jaime Nebot, Abdalá Bucaram Pulley, la dirigencia de los indígenas, entre otros sectores políticos de distintas tendencias.
En cuanto al diálogo social, los encuentros, coordinados por la Secretaría de Gestión de la Política, se organizaron en siete mesas político-estratégicas: Acuerdo Plurinacional, Consejo Consultivo Empresarial, Acuerdo por la Unidad, Acuerdo por la Información, Acuerdo por la Educación, Acuerdo por el Agro y Lucha contra la Corrupción.
En distintas ciudades se han desarrollado los diálogos, que en el camino van permitiendo la construcción de nueva normativa que incluye las necesidades de múltiples actores de la sociedad en aspectos como trabajo, comunicación, educación, salud, pesca, entre otras actividades productivas.
Uno de los primeros resultados del diálogo permitió la Creación del Frente Anticorrupción, integrado por ciudadanos de distintos ámbitos de la sociedad, cuya misión es trabajar en mecanismos de prevención de irregularidades tanto en el sector público como privado.
Otro de los resultados, según destaca el oficialismo, es la coordinación con autoridades de gobiernos seccionales para avanzar en el plan Casa para Todos. Municipios como los de Guayaquil, Quito, Durán, Portoviejo, Manta y otros han acordado la entrega de terrenos para la construcción de las casas.
Paralelamente, para diseñar la hoja de ruta del manejo económico para los cuatro años se conformó el Consejo Consultivo y Tributario, integrado por actores del sector económico público y privado desde la industria hasta la economía popular y solidaria.
En distintas mesas sectoriales se han abordado temáticas que apuntan básicamente a contar con un marco legal que propicie el desarrollo productivo, fomentar la competitividad y las exportaciones, generar inversión, divisas y empleo en el país.
Este consejo tiene entre sus representantes al Comité Empresarial Ecuatoriano, la Federación Ecuatoriana de Exportadores, Cámara Nacional de la Pequeña Industria, Grupo Proponle, Conferencia Nacional de Cámaras de la Economía Popular y Solidaria y la Asociación Interprofesional de Artesanos Sin Fronteras.
Uno de los resultados de estos encuentros ha sido la decisión de otorgarle al sistema financiero privado la responsabilidad del manejo del dinero electrónico, iniciativa que en el gobierno anterior estuvo a cargo del Estado y que fue criticado por actores políticos y mediáticos con argumentos de que atentaba contra la dolarización.
Gabriela Cruz, dirigente del sector pesquero artesanal, considera positivos los diálogos porque han permitido exponer sus puntos de vista a las autoridades del gobierno, que esperan sean considerados en la construcción de la nueva Ley de Pesca.
Uno de los aspectos que más ha copado titulares de la prensa nacional es la denominada “cirugía mayor” a la corrupción en la que se han puesto en manos de la justicia ciertos casos de presuntos actos ilícitos de funcionarios, principalmente del anterior gobierno.
En este tema desde el oficialismo se han expresado muestras de total apoyo en la lucha frontal contra la corrupción, pero también han hecho cuestionamientos en el sentido de que las indagaciones no abarquen a otros actores políticos, cuyas supuestas irregularidades habrían sido expuestas en la campaña electoral pasada.
En el tema político, el diálogo con la familia Bucaram y críticas al manejo económico y a cierta infraestructura del gobierno anterior generaron fricciones al interior del movimiento Alianza PAIS, que lo preside Moreno. Las recientes renuncias de tres altos funcionarios del gobierno como Ricardo Patiño, Paola Pabón y Virgilio Hernández demuestran el nivel de distanciamiento que amenaza con profundizarse entre el oficialismo.
Ante ese panorama, el propio mandatario ha advertido en su última cadena nacional que está dispuesto a acudir a una consulta popular en caso de que se atente contra la gobernabilidad y la institucionalidad del país.
Pese a esa conflictividad interna, el mandatario ha sabido capitalizar este momento político, por lo cual registra altos niveles de aceptación entre los ecuatorianos. Tres encuestadoras privadas lo ubican con niveles de popularidad y de credibilidad por encima del 60 y 80 por ciento.
“Estos son porcentajes de arranque que no se vieron ni con su predecesor ni con ningún otro presidente de épocas recientes”, opina Blasco Peñaherrera, director de la encuestadora Market, quien recomienda al jefe de Estado aprovechar este apoyo coyuntural para empezar a concretar sus propuestas de campaña.
En el aspecto económico, el equipo del presidente Moreno espera los resultados del Consejo Consultivo Productivo y Tributario para tomar las decisiones que marquen la hoja de ruta para su periodo de gobierno, cuyo eje central es el Plan Toda una Vida que tiene como objetivo brindar asistencia social en todas las etapas de la vida de los ciudadanos e impulsar el desarrollo productivo.
Por lo pronto se han anunciado las cifras macroeconómicas y se han planteado un conjunto de acciones, como la venta de un avión presidencial, reducción de salarios en los altos niveles de funcionarios públicos, el remate de bienes improductivos y otras medidas que apuntan a recuperar recursos para el fisco y marcar una política de austeridad que será el sello de su administración.
El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, si bien considera positivo en estos primeros meses el llamado al diálogo, la apertura con distintos sectores de oposición, con la prensa, militares y organizaciones indígenas, sostiene que es hora de definir la política económica que genere empleo y fortalezca la producción. “Es hora de mirar hacia la recuperación económica y no por la vía del paquetazo”, sostiene el burgomaestre socialcristiano.
El presidente Moreno al hacer una evaluación de sus primeros meses destacó ayer durante un acto en la provincia costera de Santa Elena, la puesta en marcha de proyectos que formaban parte de sus promesas de campaña: el plan Casa para Todos, que pretende construir 325.000 casas en cuatro años para familias pobres; la Gran Minga Agropecuaria, que apunta al desarrollo rural; y otros proyectos de crédito productivo a través de la banca pública y el programa Médico del Barrio, el cual tiene un fuerte enfoque en la prevención con la presencia de brigadas de profesionales de la salud en las comunidades.
FUENTE: EL TIEMPO
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