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La propuesta sería que los funcionarios que hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por una contravención o delito de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar estén prohibidos de ejercer un cargo de forma definitiva en la institución en la que laboraban al momento de cometer este tipo de hechos.
Los servidores sancionados, además, no podrían trabajar en ninguna institución pública, al menos por un período de dos años, según se informó en el boletín de prensa.
Jalkh expresó que debe haber una legislación radical que permita al agresor reflexionar sus acciones y en el caso del sector público, “por lo menos le disuada el hecho de que puede perder definitivamente su trabajo”.
Este viernes se planifican varias actividades alrededor del mundo por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
FUENTE: EL TIEMPO
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