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Las olas devolvieron cuatro cadáveres a la playa. Los guardacostas encontraron otros tres cuerpos flotando aguas adentro. La endeble lancha nunca apareció. Hasam, un sobreviviente, estaba asustado. Pensó que Alá quería la muerte de quienes lo pusieron en esa embarcación. Así se lo recriminó por teléfono al coyotero que coordinó su travesía. La Policía interceptó esa llamada.
En la transcripción, con el precario español de Hasam, quedó descrita la tragedia: “Esa lancha… un chico mira que abajo tiene un hueco… entraba mucho y yo le sacaba agua… después entró mucha agua… el barco se quebró… yo me voy muy lejos del barco… tenía cerca una chica de Nepal, ella inconsolable, esposo se fue… gritábamos un cubano, un nepal, un chico indian…”.
Al otro lado del teléfono, el coyotero le preguntó por una mujer y su hijo, pero Hasam no sabía qué había pasado con ellos. El traficante era Sanjeev Kumar, un ciudadano indio domiciliado en Quito. Desde la capital ecuatoriana coordinaba el traslado de migrantes que iban a Norteamérica. Las autoridades aseguran que lo hizo al menos con 110 personas. Una de ellas fue Hasam. La lancha que transportaba al grupo naufragó en Acandí, un pueblo del el golfo de Urabá, en el Caribe colombiano, a inicios de 2013.
Esa tragedia muestra cómo los traficantes aprovechan la urgencia de los migrantes por hacerse a una mejor vida y los ponen en peligro. Como socio de la investigación periodística transfronteriza Migrantes de otro mundo, del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), EL UNIVERSO analizó seis procesos legales ya juzgados en contra de redes de coyoteros y presenta un retrato del modus operandi de este negocio ilegal.
Otra víctima fue Gul, un paquistaní de 40 años, que llegó a la frontera colombo-ecuatoriana luego de nueve días de travesía incansable, por tierra y ríos, desde Brasilia. Sobre el mapa, trazando una línea recta, la distancia que recorrió es de 4000 kilómetros.
Él y otros tres migrantes, guiados por un coyotero, recorrieron Mato Grosso y se adentraron en la selva amazónica hacia el noroeste de Brasil para tomar un barco a Perú. Luego, atravesaron Ecuador en bus e ingresaron a Colombia.
Parecía que evadieron los controles. Llegaron a Pasto (Colombia), a dos horas de la frontera. Ahí les sorprendió la policía el 2 de diciembre de 2016.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos seguía la pista del coyotero que lideraba el grupo, Ulla Kifayat. Lo acusaba de haber transportado, meses atrás, a un sospechoso de terrorismo, que llegó a San Diego (California).
La Policía colombiana entregó al traficante a las autoridades de Ecuador, donde tenía una orden de captura. Gul pasó al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos.
Dentro de ese sistema, los migrantes rescatados son custodiados en casas de seguridad o en hostales. Un funcionario que trabajó cinco años en esa dependencia contó que cuando se alojaba a migrantes de África y Asia, la convivencia se complicaba por falta de traductores. “Gritaban y no se les entendía; se molestaban porque pasaban encerrados”, dijo.
Pocos colaboraban con la justicia, relató el funcionario, pues estaban bajo amenaza de los coyoteros y solo les interesaba salir para seguir su viaje. “De diez, unos tres daban sus testimonios anticipados”, indicó.
Gul sí declaró. Frente a un fiscal contó que tenía problemas económicos en su país y que un amigo le ofreció llevarlo a Estados Unidos por $16 000 con la condición de que, si la Policía lo detenía, no debía dar ningún nombre, de otro modo su familia correría peligro.
Ante una psicóloga de la Función Judicial, Gul reveló que un grupo terrorista talibán quería captarlo para que fuera de los “elementos de explosivos”. Como se negó, recibió amenazas y por eso migró.
Kifayat recibió siete años de cárcel en octubre de 2017, la pena mínima prevista en el Código Integral Penal para el tráfico ilegal de migrantes. No obstante, es la pena más severa de los procesos revisados.
En otro caso, policías encubiertos siguieron diez meses, entre 2014 y 2015, a una red de tráfico de migrantes de India y Nepal. Los primeros llegaban a los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pues no necesitaban visa; los nepalíes, que sí debían presentarla, entraban por tierra en la frontera sur sin sellar sus pasaportes en Migración.
La red los recibía y los llevaba en buses públicos hasta la frontera con Colombia. Para no llamar la atención, los migrantes debían despojarse de su ropa típica y cortarse el cabello.
Iban de Huaquillas a Guayaquil, a Ambato y a Quito, donde hacían una parada obligatoria. Ahí se hospedaban en hostales de la zona rosa, en La Mariscal, o del Centro Histórico, o del norte, en el sector de La Y.
Se quedaban unos pocos días hasta planificar el último tramo hasta Rumichaca, en la frontera con Colombia, donde otra red tomaba la posta y los llevaba más al norte.
Como parte de la investigación, la policía paraba los buses en el control de Mascarilla (Imbabura) y pedía documentos a todos los pasajeros. Así lograron identificar a 74 migrantes en los diez meses de pesquisa. A todos los dejaron pasar.
Las redes de tráfico tenían estudiados los controles policiales en las carreteras. En otro expediente judicial consta la transcripción de una llamada telefónica entre miembros de una organización. Un interlocutor explica que, para evadir los controles, los migrantes no debían ir de Quito a Rumichaca en un solo bus y detalla el itinerario ideal en buses interparroquiales y camionetas.
La Policía hizo la redada en abril de 2015. Rescató a 14 migrantes y detuvo a 11 sospechosos. Cinco recibieron 20 meses de cárcel en un procedimiento abreviado. El líder de la organización, el ecuatoriano-paquistaní Muhammad Kamran, fue el último sentenciado. Obtuvo la misma condena.
Sanjeev Kumar, el coyotero que participó en el traslado de migrantes que naufragaron en el Caribe colombiano en 2013, también recibió una rebaja de pena. Él y dos procesados recibieron cuatro años de cárcel, la condena mínima contemplada en el Código Penal antiguo, y obtuvieron una rebaja a tres años por no tener antecedentes. Otro miembro fue sentenciado a 18 meses en calidad de cómplice; y otros dos más, a un año por encubridores.
Los compañeros de viaje de Hasam, que cayeron en 2013, no fueron los últimos migrantes en morir ahogados intentando cruzar la frontera entre Colombia y Panamá. Migrantes de otro mundo documentó, entre 2016 y abril de este año, por lo menos cinco naufragios más, en los que murieron ahogadas al menos 75 personas. Ellos perdieron la vida; los traficantes que los condujeron, apenas unos años de libertad.
Una red criminal encerraba y chantajeaba a migrantes cerca del aeropuerto de Quito
Sathyan, un indio de 28 años, pasó seis meses encerrado en la habitación de un supuesto hostal en Tababela (cerca del aeropuerto de Quito), bajo estricta vigilancia y chantajeado por coyoteros que le exigían miles de dólares.
Su sueño era trabajar en Canadá. Se había contactado por internet con un agente de viajes en India. Su plan era vivir seis meses en Ecuador hasta tramitar la visa a su destino.
Antes del viaje pagó $5000. Luego entregó otra cuota de igual valor a su compatriota Nayi Nayankumar Ambalal, cuando este lo recibió en el aeropuerto de Quito.
Ambos salieron de la terminal aérea y recorrieron apenas un kilómetro en auto hasta el hostal. Ahí le quitaron el pasaporte y el celular, y lo encerraron en una habitación bajo llave junto con otro migrante. Solo podían salir del cuarto una vez al día para comer. La vigilancia estaba a cargo de otras personas de la India.
La promesa de conseguirle visa y trabajo en Canadá seguía en pie, pero le exigían $12 000 adicionales. Sathyan había caído en las manos de una red que tenía una base importante en Ecuador.
Las mafias dedicadas a ese negocio aprovecharon la puerta que abrió la Constitución de 2008, que reconoció la ciudadanía universal. No obstante, en 2010, Ecuador impuso visa a doce países y, el año pasado, a doce más, incluido India.
En el caso de Sathyan, el líder de la red era Nuyi Nayankumar Ambalal. Tenía doble nacionalidad y era dueño de una agencia de viajes y del hostal, con el mismo nombre: Destino.
Ahí Sathyan permaneció encerrado. A pesar de la vigilancia, uno de los migrantes logró alertar a un familiar, que a su vez denunció el caso al Consulado de la India en Bogotá. Las autoridades actuaron y, en enero de 2014, la policía ecuatoriana allanó el hostal. Liberó a once víctimas, de entre 22 y 32 años.
En la casa se encontraron pasaportes de Paraguay, China, Polonia, Letonia y otros países; también, invitaciones falsas notariadas y sellos del Registro Civil.
Sathyan y algunos otros fueron deportados a su país. Nayi Nayankumar Ambalal fue condenado a tres años de prisión. Quedó en libertad a inicios de 2017 y a los pocos meses, en julio, fue detenido en Esmeraldas, pues intentaba obtener un pasaporte ecuatoriano con cédula falsa. A pesar de la evidencia y sus antecedentes, un juez lo excarceló para que se defendiera en libertad. En abril de 2018 lo llamaron a una audiencia, pero él ya se había esfumado. (I)
FUENTE: EL UNIVERSO
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