Opinión

Se acercan las elecciones generales Antonio C. Maldonado V.

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Parecería que en esta época de una serie de problemas que afectan a la humanidad, el tiempo inexorable viajero parece que se hubiese acelerado; algunos se sienten desconcertados frente al nebuloso espectro del próximo proceso electoral para elegir los representantes a la Función Ejecutiva y Legislativa, porque estiman que se está cometiendo un abuso de aceptación y aplicación de nuestra legislación al presentarse por primera vez en nuestro país una gran cantidad de candidatos para dichas dignidades; sin embargo se debe anotar que en el Capítulo quinto Derechos de participación de la Carta Magna en el artículo 61, numeral 1, consta que las ecuatorianas y ecuatorianos gozan entre otros del siguiente derecho: Elegir y ser elegidos, de tal suerte que por mandato constitucional y dando cumplimiento a las restricciones pertinentes, aunque el voto es obligatorio, que disponen las leyes y reglamentos de la materia, en cuanto a elegir hay pocas limitaciones tanto constitucionales y legales que determinan la suspensión de los derechos políticos, principalmente sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de la libertad y algunos más pero en lo referente a ser elegidos constan en los respectivos cuerpos legales una gran cantidad de requisitos que para cada nueva elección se legisla y una vez cumplidos como acontece en el momento actual pueden participar los que se crean asistidos de ese derecho y haber cumplido los mandatos legales.  

Dentro del escenario que se presenta para que los ciudadanos y además la juventud igual que los adultos mayores que tienen voto facultativo deseen participar expresando su voluntad en las urnas; con el recurso de los plazos y en base a la información que se difunde el CNE, tropieza con una serie de dificultades y cuestionamientos tanto al interior como al exterior del organismo relacionados a la nueva forma del accionar eleccionario causada por la pandemia que parece ha iniciado la fase de rebrote a nivel mundial, perfilándose desde ya el arraigado criterio que los dirigentes políticos o candidatos que no alcanzan las dignidades impugnan el triunfo del candidato opositor acusando a esa Función del Estado de haber cometido irregularidades fraudulentas, lo que además produce desconfianza en los electores con el clásico y permanente apagón de los aparatos electrónicos a media jornada de la información en lo cual deberían poner mucho cuidado los Consejeros así como funcionarios de dicho organismo porque como operan ahora las entidades de control puede significarles no solamente su destitución sino hasta enjuiciamiento penal; espera la ciudadanía que esto no se vuelva a repetir y brille la transparencia en el respeto a la voluntad soberana, lo que evitaría a futuro tanto a los gobernantes de turno como a nuestro país que tengan que asistir a supervisar nuestros procesos electorales delegados de organismos internacionales como de la ONU, la OEA, de periodistas y medios de difusión así como de organizaciones de defensores de la democracia, etc., por considerarlos corruptos e inmorales; delegaciones que concurren al evento en calidad de observadores y que luego de concluido siempre han manifestado que las elecciones han sido trasparentes y se ha respetado la voluntad del pueblo.  

El ambiente electoral parecería que no es el propicio para llevarlo a efecto, debido no solamente a la pandemia sino al conjunto de rebrotes de la delincuencia de todo orden que seguramente tiene a reventar a los centros carcelarios también denominados de rehabilitación, así como las protestas antigubernamentales que a diario se presentan y que posiblemente en la campaña recrudezcan sin embargo, como tienen que cumplirse los mandatos constitucionales esto no puede dilatarse y tendremos que concurrir a sufragar como suele decirse “a tontas y a ciegas” porque no habrá ni tiempo ni procedimiento como conocer a los aspirantes a dignatarios. 

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