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Se prohíbe salir del país a Glas

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En la Corte no se hizo presente el Segundo Mandatario, ya que, para la vinculación de cargos, no se requiere la presencia del acusado, en su representación estuvieron sus abogados Eduardo Franco y Vicente Peralta.

En la audiencia, el fiscal general del Estado, Carlos Baca, mencionó la existencia de ocho fundamentos para vincular en el proceso al vicepresidente Glas, por lo que solicitó al juez nacional, Miguel Jurado, medidas cautelares para prohibir la salida del país del Segundo Mandatario, lo que fue aceptado por el magistrado.

La restricción se tomó «considerando que, durante el desarrollo de la fase preprocesal y procesal penal, el Vicepresidente ha acudido a todos los llamados realizados por la Fiscalía».

Para este caso las autoridades de la Fiscalía también citaron al excontralor general del Estado, Carlos Pólit, quien se encuentra fuera del país, y los ciudadanos brasileños José Conceição Santos, Mauricio Grossi, Ricardo Vieira y Claudemir Simoes, ninguno de ellos se hizo presente, solo Hernán Ulloa defensor de Pólit.

 “Yo no huyo”

Ante la resolución del juez Jurado, en un comunicado Jorge Glas señaló: “No tengo problema con esa medida cautelar, porque igual no he pensado jamás en irme a ningún lado. Sé que esa medida puede deberse a la presión política y mediática, pues hace rato que la piden a gritos, pero no era necesario, no me he ido, no me voy y no me iré a ningún lado. Yo no huyo, aquí estoy, aquí seguiré”.

“Mi pasaporte está bien guardado, tranquilos, no he pensado en usarlo.”, señaló.
«Qué bueno poder defenderme ante la justicia. La verdad brillará”, indicó.

 Otras medidas cautelares

En el marco del caso Odebrecht, además el fiscal Baca solicitó medidas cautelares de arresto domiciliario contra el excontralor Pólit por ser una persona de tercera edad. También la Fiscalía solicitó se dicte prisión preventiva en contra de Ramiro C., Diego C., Alexis A., Ricky D., y Freddy S.

Contra el vicepresidente Glas no se solicitó orden de prisión preventiva, ya que al ser Vicepresidente en funciones, cualquier diligencia que haga tendrá que ser vigilada por personal policial. Esto fue criticado por su abogado Eduardo Franco.

“Aquí se ha violado el debido proceso, no se ha permitido el derecho a la defensa, no hemos comparecido al proceso de investigación de acuerdo a la Constitución”, manifestó.

Como parte del proceso, el Fiscal General solicitó 30 días para la formulación de cargos contra los 11 procesados. (VDS) (I)

Quito.

“Acusaciones son débiles”

El analista político Fernando Casado afirmó que hay 30 días para que se puedan evacuar las pruebas en torno a las acusaciones en contra del vicepresidente Jorge Glas, quien tendrá que construir su defensa para desbaratar todas las acusaciones.  «Hay un proceso que habrá que esperar y que concluye en 30 días. Lo que me extraña es que habiendo tanta fiscalización, tensión mediática y política sobre el Vicepresidente no haya una mayor cantidad de pruebas, porque de él se habla todo el tiempo, todos los días y en todos lados, me gustaría haber visto una mayor cantidad de pruebas», afirmó.

Para Casado existe un bombardeo mediático muy elevado, por lo que no se puede dejar de pensar que esto pudiera influenciar en los diferentes actores que participan del proceso.

«Es una presión muy grande contra el Vicepresidente y, por ende, habrá una mayor presión al momento de defenderse, él es un ciudadano normal. Estoy seguro que habrá una mayor presión». (I)

Jueces deben ser independientes

El analista jurídico y constitucionalista Gustavo Medina afirmó que la vinculación del vicepresidente Jorge Glas al proceso que está en marcha es una potestad de la Fiscalía si esta encuentra elementos de convicción que podrían demostrar alguna participación en el hecho que se investiga.

Sobre los 30 días de instrucción fiscal, el analista dijo que al final, el Fiscal puede abstenerse de acusar a uno o más de los procesados, o culpar y, en el momento cuando deduce el fiscal la acusación, nace propiamente el juicio penal».

Medina explicó que de darse un hipotético dictamen en contra del Segundo Mandatario, este no afecta a su cargo. «Esta función solamente puede terminar si hay una renuncia de su parte, si hay una destitución por parte de la Asamblea con una votación especial establecida en la Constitución, o si en la Legislatura hay un juicio político y en este se establece la censura que tiene como consecuencia la destitución», manifestó.

Agregó que los jueces deben mirar solo lo que dicen los procesos y la ley, independientemente de los que se diga en otros ámbitos. (I)

FUENTE: EL TIEMPO

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