El asambleísta Daniel Mendoza, proponente del juicio, señaló que se entregará la documentación lo más pronto posible. Recordó que la ley permite notificar a la entidad pertinente, en este caso la Fiscalía, si del juicio se deslindan responsabilidades penales.
«Tendremos que remitir todo lo actuado, en lo que tiene que ver con las pruebas de descargo, el debate y la resolución final a las entidades pertinentes, incluso a nivel internacional para que otros países, en donde se investiga, tengan esos insumos», dijo Mendoza.
En primera instancia entregarán esa documentación a los 12 países involucrados en el caso Odebrecht, reseñó El Telégrafo.
Mendoza dijo que los argumentos de la defensa de Pólit de que hubo fallos procesales e ilegalidad, no son verdaderos, ya que hubo todo el tiempo y los medios necesarios para que el excontralor pueda presentar su defensa. Aseveró que se siguió el debido proceso.
La censura, según el legislador Mendoza, implica una inhabilitación para ejercer cargos públicos de dos años, pero Alianza PAIS planteará una reforma para que un funcionario destituido por muerte política y civil quede imposibilitado a futuro de ser funcionario público.
«Se está trabajando ya. Hemos estado debatiendo el tema», sostuvo Mendoza, precisando que la reforma se propondrá como bloque de PAIS y esperan que se debata hasta la próxima semana.
Reacciones
Por su parte, la legisladora de Alianza PAIS, Soledad Buendía, afirmó que existe un “vacío legal” porque la moción presentada fue solo de censura porque Pólit ya había renunciado a su cargo, aunque la ley para estos casos manda que sea censura y destitución.
«Creo que hay un vacío legal, pero sí podríamos interpretar la inhabilidad del excontralor, expresamente la Ley de la Función Legislativa no lo señala y aquí hay que hacer un cambio normativo», indicó Buendía.
Por su parte, Pabel Muñoz, presidente de la Comisión de Régimen Económico, afirmó que este juicio político marca el trabajo de fiscalización de la Legislatura y recalcó que la interpelación fue contra una persona, y no contra la institución a la que representaba.»Lo que tuvimos en el Pleno fue una votación unánime, y lo más contundente presentado por el compañero Mendoza fue la violentación del Código de Ética de la Contraloría. Lo que se hizo fue un voto de sanción por la persona y no por la institución», recalcó.
Por su parte, el asambleísta de CREO-SUMA, Homero Castanier dijo que “ante una crisis, hay una oportunidad, siendo el reto de la Asamblea el cumplimiento de su rol de fiscalización con seriedad y evitar convertir al Parlamento en un lugar de intereses partidistas”.
Luis Fernando Torres del PSC sostuvo que la moción de censura contra Pólit constituye una condena política. Resaltó que es importante colocar sobre la mesa de análisis, el crédito de la Contraloría General del Estado, como organismo del Estado, destinado a controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad. (RET-VDS) (I)
FUENTE: EL TIEMPO
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