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La huelga fue convocada por las centrales sindicales en rechazo a la reforma laboral y del sistema de pensiones propuesta por el Ejecutivo para reequilibrar las maltrechas cuentas públicas del país.
Los manifestantes alertaron además sobre el desempleo, que supera el 13 por ciento, con cerca de 14 millones de personas sin trabajo en Brasil, la mayor economía de Sudamérica.
En Sao Paulo, el corazón financiero e industrial del país y también fortín de las mayores centrales obreras, algunos huelguistas bloquearon importantes avenidas e hicieron barricadas con fuego para impedir el paso de vehículos, lo que provocó un enfrentamiento con la Policía.
En Río de Janeiro, grupos de personas cercaron varios puntos estratégicos de entrada y salida de la ciudad, como la Línea Vermelha o la Avenida Brasil, provocando colas de hasta 50 kilómetros.
En Brasilia, la huelga se sentía con intensidad sobre todo por la plena adhesión de los gremios del transporte, que paralizaron el Metro y casi la totalidad de las líneas de autobuses.
Prueba
La huelga, aunque más débil que la del 28 de abril, supone una nueva prueba de fuego para el presidente Temer, acorralado por un escándalo de corrupción que ha llevado a la Fiscalía a presentar una denuncia por corrupción pasiva.
A pesar de los problemas judiciales, Temer intenta sacar adelante las polémicas reformas, las cuales están respaldadas por las patronales y duramente criticadas por los sindicatos.
La principal causa del descontento es una polémica reforma de las leyes que rigen el sistema de jubilación, la cual propone aumentar la edad para acceder a ese beneficio, pero el malestar también ha sido alimentado por otras medidas impulsadas por el Ejecutivo.
Entre ellas, figuran una reforma laboral que abarata la mano de obra al darle carácter formal a convenios colectivos aún cuando no se ajusten a la ley y eliminar la contribución obligatoria de los trabajadores a los sindicatos, que así perderían poder económico.
Leyes
La modificación de las leyes laborales, que abre la puerta a una flexibilización del mercado de trabajo, podría ser aprobada por el Congreso en las próximas semanas, pero los analistas creen que, después del escándalo que salpica a Temer, el Ejecutivo tendrá dificultades para lograr la aprobación.
También incide en el descontento otra reforma ya sancionada por el Gobierno, la cual permite que las empresas conviertan a todos sus empleados en personas jurídicas o prestadores de servicios para todo tipo de actividad.
En este marco, la Fiscalía pidió a la Corte Suprema que declare inconstitucional la polémica ley de “tercerización laboral” sancionada en marzo pasado por Temer.
Para la Fiscalía, la ley “abre espacio para que miles de puestos de trabajo directo sean sustituidos por mano de obra temporal y empleos tercerizados”, los cuales tendrían una “protección social precaria”. (I)
FUENTE: EL TIEMPO
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