Las acusaciones entre quienes apoyan y rechazan la minería en la comunidad Río Blanco no cesan a dos días del ataque que terminó en el incendio de una parte del campamento y maquinaria. Las actividades siguen suspendidas y los cuatro detenidos mantienen prisión preventiva por los delitos de resistencia y sabotaje.
Grupos ecologistas afirman que la única salida es que la firma minera Ecuagoldmining se retire, pero las autoridades insisten en que el proyecto está en marcha y que deben vigilar que se cumplan con los procesos de cuidado ambiental.
Por los enfrentamientos entre comuneros y autoridades y por los daños que se registraron la tarde del martes último, 200 policías y 100 militares resguardan la mina en turnos rotativos durante las 24 horas del día.
El gobernador de Azuay, Xavier Enderica, acusa, sin nombres, a opositores de tener intereses particulares para convertir a Río Blanco en otro Nambija. Por su parte, el presidente de la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), Jaime Vargas, llegó a Cuenca para respaldar a quienes no quieren la minería en Río Blanco y responsabilizar al presidente de la República de la violencia generada. Él aseguró que “se les está acabando la paciencia”.
Por eso convocó el próximo 23 de mayo a una asamblea de la Conaie en la que tomarán varias decisiones, entre estas, levantar su voz en las calles.
Según un reporte oficial, el ataque se dio al lanzar una piedra al campamento, que impactó a un policía y lo dejó con diez días de incapacidad. Y a tres de ellos se los acusó de sabotaje porque habrían rociado un líquido inflamable en una cabaña y luego lanzaron bombas molotov, lo que al final derivó en un incendio.
Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería del Azuay, dice que es hora de que la empresa minera haga mayor presencia para que explique a la ciudadanía sobre su trabajo y, en especial, el material encontrado en la construcción del túnel, que se lo procesa en el cantón Camilo Ponce Enríquez.
A través de un comunicado, la empresa china Ecuagoldmining insiste en que los actos violentos fueron realizados por grupos externos a las comunidades de influencia y que hasta ahora han cumplido con los acuerdos y leyes ecuatorianas. La firma evalúa los daños antes de retomar su trabajo. (I)
FUENTE: EL UNIVERSO
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