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El laudo arbitral entre la compañía australiana Cardno y la ecuatoriana Caminosca (fundada en 1976), presentado ante el Centro Internacional para la Resolución de Disputas de Florida (EE.UU.), no comprobó los supuestos pagos a servidores públicos en Ecuador.
La denuncia fue presentada en abril de 2015 por la compañía australiana para disolver la sociedad con Caminosca por la supuesta existencia de un sistema de coimas para obtener contratos con el Estado ecuatoriano. Un fragmento de ese laudo fue difundido por ciertos medios de comunicación con los títulos: ‘Un juicio privado evidencia las coimas en el sector público’ y ‘La ruta de Caminosca’. Allí mencionaban que siete funcionarios gubernamentales, entre ellos dos de la ‘cúpula política del oficialismo’, estarían involucrados.
En la página 53 del documento, avalado por los jueces Marty Steinberg, Francisco Cerezo y Eduardo Palmer, el Tribunal determinó que “no se presentó evidencia directa tal como registros bancarios de funcionarios de gobierno o una declaración verbal o escrita aceptando los pagos ilegales, estableciendo que ninguno de los funcionarios de Gobierno recibieron o aceptaron recibir los pagos ilegales en cuestión”.
El laudo arbitral también precisó que el “Tribunal no hizo descubrimientos respecto a la culpabilidad de ningún servidor público y deja el caso a las entidades de aplicación de leyes pertinentes para que lo investiguen y direccionen como consideren apropiado”. Sobre el caso se pronunció ayer el exministro de Electricidad y actual legislador, Esteban Albornoz, quien cuestionó que el 6 de junio pasado, en sesión del pleno de la Asamblea Nacional, Jeannine Cruz, legisladora por la alianza CREO-SUMA, haya asegurado que tenía pruebas de pagos a funcionarios públicos por parte de Caminosca.
En iguales términos se refirió Ana Galarza, asambleísta por la alianza SUMA-VIVE, en el programa Políticamente Correcto, el 18 de junio. Dicha evidencia, afirmó Albornoz, consistió en 39 fotocopias de un proceso de 132 hojas que no fueron certificadas, ni apostilladas y que tampoco tenían firma de responsabilidad.
Criticó que la supuesta evidencia haya sido mutilada y manejada a conveniencia por las asambleístas, ya que solamente mostraron las páginas que lo vincularían al supuesto caso de corrupción que involucra a una empresa de ingeniería con más de 30 años de existencia.
Por ello, considera que la información fue expuesta durante el proceso electoral para desacreditarlo y evitar que llegase a la Asamblea Nacional. El 1 de marzo de 2017 Albornoz pidió a la Fiscalía General del Estado que inicie las investigaciones correspondientes; solicitud en la que se insistió el 3 de mayo. Al momento el caso Caminosca está en proceso de indagación previa, a cargo de la fiscal Silvia Juma.
En las denuncias del supuesto caso de corrupción también se menciona al vicepresidente Jorge Glas, quien recordó que el caso fue expuesto “días antes de la primera vuelta electoral en las páginas del diario Expreso. Publicaron graves insinuaciones y acusaciones”. Reiteró que las asambleístas de oposición presentaron “documentos mutilados, una copia quitando las páginas relevantes en donde se decía que no hay prueba contundentes contra ningún funcionario, con lo cual trataron de conspirar dentro de un proceso electoral con imputaciones muy graves”. Por ello, no descartó acudir ante la justicia y exigir el cumplimiento de la Ley de Comunicación porque “en este tema han intentado destruir la honra de personas”.
A pesar del informe del Centro Internacional para la Resolución de Disputas, la autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción (integrada por Julio César Trujillo, Isabel Robalino, María de Lourdes Arboleda, Byron Celi, Simón Espinosa, Alfredo Rodas, Ramiro Román, Juan Fernando Vega y Jorge Rodríguez) y legisladores como Cruz solicitan se investigue al vicepresidente Glas, y al asambleísta Albornoz por estar supuestamente implicados en el sistema de coimas. Hasta la fecha no se conoce ninguna prueba que demuestre los supuestos pagos indebidos de Caminosca, sin embargo la Comisión pidió al presidente Lenín Moreno que retire de funciones a Glas mientras dure la investigación por este y el caso Odebrecht.
EL TELÉGRAFO buscó la versión de la asambleísta Cruz para conocer las pruebas que sustentan su acusación, pero su equipo de comunicación no logró concretar la entrevista. Jorge Rodríguez, titular de la Comisión Anticorrupción, en cambio, indicó que está de vacaciones fuera del país y que no se referiría al tema. Está previsto que hoy la agrupación presente nueva información sobre este caso ante la prensa. (I)
FUENTE: EL TIEMPO
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