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Una de las acciones inmediatas será la evaluación sicológica a docentes, personal administrativo y directivos de las unidades educativas públicas y privadas del país que no hayan pasado por estas pruebas con antelación. Esto con la intención de evaluar al personal y evitar más casos de abusos.
“Creo que entre 30 y 45 días estaremos en la capacidad operativa para arrancar todo el proceso de las pruebas, al igual que para el cruce de datos con la Fiscalía General. Es una aberración que personas que tienen alguna tipología sigan como docentes en los planteles educativos”, destacó Falconí en un conversatorio con medios.
Las instituciones involucradas en esta Cruzada Nacional articularán sus acciones para que los casos de abuso no queden en la impunidad y que más víctimas se animen a denunciar.
“Hay que buscar, a través de la evaluación, la forma de darle seguimiento y prevención de los abusos y evitar la impunidad”, promovió la asambleísta Silvia Salgado, miembro de la Comisión ocasional Aampetra.
Fabricio Bonilla, representante del Consejo de la Judicatura, recordó que cualquier persona puede denunciar la violencia: ya sea un profesor, un padre de familia o incluso un compañero de clase, que haya sido testigo del abuso.
Las autoridades se comprometieron a ejecutar las acciones necesarias para que los implicados reciban su castigo, y las víctimas reciban la reparación necesaria de sus derechos.
Proyecto de Ley
Falconí presentó el miércoles, ante la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley Orgánica para la no caducidad de la acción sancionatoria administrativa respecto a delitos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes.
Este documento plantea gestiones concretas que permitan proteger y asegurar la integridad física y sicológica de los estudiantes en todos los establecimientos educativos del país, a través de la aplicación de acciones disciplinarias y sancionatorias, sin perjuicio de las acciones penales que correspondan.
El texto incluye reformas a Ley Orgánica de Servicio Público en relación con la no prescripción de las acciones presentadas contra servidores del sistema educativo en los casos de violación o abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescen. (I)
FUENTE: EL TIEMPO
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