Fernando Cordero, quien ocupó varios cargos durante el gobierno de Rafael Correa y actualmente es el Superintendente de Ordenamiento Territorial, afirmó que no se arrepiente de lo que hizo en los últimos 10 años y confirmó que no renunciará a su actual cargo de ganar el Sí en la consulta popular y referéndum previstos el 4 de febrero próximo.
“Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en los últimos 10 años, volvería a hacerlo igual”, afirmó en una entrevista con Andes en la que explicó su postura frente al proceso electoral que se realizará en Ecuador y a la función que desempeña en el Estado.
Dijo, sin embargo, que sí se arrepiente de haber subordinado a Alianza PAIS (AP) su movimiento político, originalmente denominado Nueva Ciudad y después Nuevo País, de Cuenca, y desencantarse porque “se clausuró la política”.
Expuso que la separación de Nuevo País de AP se produjo porque se sentía “como pez fuera del agua” y dijo que jamás se discutió el tema de la consulta en esa agrupación política, que encabezó el expresidente Correa desde su fundación.
Manifestó que si la actual dirección de AP ha tenido buena actitud para dialogar “con todo el mundo”, cómo no iba a hacerlo con el movimiento que lo llevó a la Presidencia. “Eso no se dio y yo creo que ha habido una incapacidad política en Ap para conducir; los hechos me demuestran a mí que no estoy siendo subjetivo”, aseveró.
Además, Cordero señaló que con la fractura de ese movimiento nacional todos perdieron y cuestionó la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) al señalar que esperaba que todo regrese a cero y les pidiera una nueva asamblea para que resolvieran esa situación.
No tengo que renunciar al cargo
Cordero respondió a cuestionamientos para que renuncie al cargo alegando “un acto de coherencia” de su parte, a lo que dijo que no lo hará porque no ha sido nombrado por ser militante, aunque acepta que ello pudo haber incidido “porque me conocían, porque han estado cerca”. “Pero a mí me escogieron porque conozco los temas que estoy hoy día dirigiendo”, remarcó.
«No tengo que en este caso que renunciar porque soy parte del Estado ecuatoriano, que es otra función», aseveró.
Indicó que el Ejecutivo hace la terna para ocupar el puesto que él ostenta pero posteriormente no hay otra dependencia, sino que su función por ley es controlar a los municipios, las parroquias, prefecturas y a los ministros, en lo que será un “espacio maravilloso para la coordinación”.
Manifestó que sería una pena que por afectos o desafectos personales, pensando más en las personas que en las entidades, “alboroten al Ecuador de tal manera, violen la Constitución a diestra y siniestra y realmente armemos un caos que nadie lo entienda”.
Contra la pregunta 3 de la consulta Popular y Referéndum
En cuanto al tema de la consulta popular y referéndum, señaló su abierta oposición a la pregunta referida a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
“Yo estoy en contra de la pregunta 3 primero porque justamente se suplanta a la Asamblea Nacional sin autorización del pueblo”, dijo y explicó que de ganar el Sí, no le autoriza al Legislativo a elegir siete personas de una terna que viene del Ejecutivo para un CPCCS transitorio.
Citó que en entrevista con un panel de periodistas la semana pasada, el presidente Moreno afirmó que este CPCCS transitorio no va a mandar a la casa a nadie, sino que elegirá a los reemplazos de quienes vayan concluyendo los períodos y si encuentra algún elemento raro, derivará a los entes pertinentes, entre esos la Asamblea Nacional.
Por lo que, si (Moreno) hubiera plasmado su pensamiento tal cual, “a lo mejor todo el mundo votábamos que sí porque lo que se está cambiando es la forma de elección, es decir ahora ya no se elige por concurso de méritos sino por voto popular”.
Pero apuntó que tal cual aparece redactado en la consulta popular, “es una violación tras otra de la constitución y hay errores de menor calibre pero más graves”.
En particular, mencionó que un CPCCS transitorio duraría hasta el 2019, donde serían electos sus integrantes, pero el artículo 205 dice que la Asamblea no puede nombrarlos. “Señores asambleístas, contéstenme, antes del día 4 ojalá, de dónde les va a salir a ustedes el poder», acotó, y apuntó que en el anexo 3 no hay ninguna autorización y lo que es peor la consulta está cambiando el artículo 205 donde está esa prohibición, pero se olvidaron de cambiar ese artículo.
“Entonces la prohibición subsiste, hoy día hay prohibición, y después del 4 (febrero) con el 205 reformado por la consulta, sigue la prohibición, por tanto, contéstenle al pueblo ecuatoriano lo que yo les estoy diciendo”, aseveró.
Una segunda inconstitucionalidad de forma, según su consideración, es que en la carta magna dice que un año antes de las próximas elecciones no hay cómo cambiar la ley, por lo que si la consulta se realiza el 4 de febrero y las próximas elecciones para alcaldes son en febrero de 2019, a menos que cambien el calendario electoral, y el presidente de posesiona cada 24 de mayo y los alcaldes el 5 de mayo, “para poder posesionarles tiene que ser en febrero, no les dan los tiempos, si no cambian, no les avanza el tiempo y los del CPCCS (..) se quedarían hasta 2023”, ya que se eligen por votación directa y secreta en coincidencia con las elecciones de alcaldes.
Indicó que el espíritu de Montecristi le cambió al Ecuador de ser un Estado de derecho, a un Estado constitucional de derechos, y dicha constitución (2008) está por encima de cualquier otra norma jurídica, excepto por los internacionales.
Vigilar los derechos de las personas, misión de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial
Cordero expuso que la Superintendencia de Ordenamiento Territorial «es una entidad llamada a vigilar los derechos de las personas» y surge a partir de la Ley en la materia que entró en vigor en el país.
Resaltó la importancia de esta estructura para establecer cuáles son esos principios del derecho para un hábitat saludable, que todavía no están claros, aun cuando el 70% de la humanidad ya vive en las ciudades, pero todavía no está claro cuáles dichos derechos.
«Las competencias de la superintendencia están en la vigilancia del ordenamiento territorial y en la vigilancia del uso y gestión de suelo», precisó la señalar que en el caso de Ecuador, dijo que el “mayor desordenador es la especulación”, y consta de enormes desequilibrios territoriales.
«Va ser una entidad justamente de control, pero no porque es control no puede ser un gran articulador de temas que son multinstitucionales», acotó.
FUENTE: EL TIEMPO
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