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La Defensoría del Pueblo atraviesa una crisis institucional, después de que su titular, Freddy Carrión, guarda prisión preventiva para investigaciones por ser el presunto autor de un delito de abuso sexual. Fue llamado a juicio y se prepara un juicio político en la Asamblea Nacional por falta de probidad notoria. La defensora subrogante en funciones, Zaida Rovira, explica por qué se mantiene en el cargo pese a que Carrión la cesó con una resolución que habría sido emitida desde la cárcel y cómo han influido en la institución las resoluciones que ha emitido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) sobre este caso. Rovira dijo que está lista para entregar las funciones, en el caso de que se configure la ausencia definitiva de Carrión en el cargo y el CPCCS deba designar una autoridad encargada.
La Unidad Judicial Multicompetente de Galápagos pidió al CPCCS que certifique quién es la defensora subrogante. ¿A qué atribuye la nueva resolución del CPCCS, en la que se aclara que el titular de la Defensoría del Pueblo es quien nombra a la vicedefensora y de esta emana la subrogación?
El Consejo ha sido muy claro en una resolución, al señalar que no tiene la competencia para certificar quién es la defensora subrogante, porque su competencia es nombrar solo al titular después de un concurso de méritos y oposición. Y ha enviado una respuesta a la Unidad Multicompetente de Galápagos en ese sentido. Pero esta resolución se ha malinterpretado, porque el defensor del Pueblo es quien nombra al vicedefensor. No dice que el defensor es quien tiene que nombrar al subrogante, porque esta función de subrogante no se contempla en la ley. Yo asumí la subrogación por imperio de la ley, porque él no puede ejercer, porque se ha configurado la ausencia temporal y en este caso soy yo la subrogante, que en abril del 2020 fui nombrada vicedefensora. La ley no deja espacio para que se nombre subrogante. Se dice imperativamente que ejercerá la subrogación quien sea la vicedefensora.
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Pero se la cuestiona por no acatar la disposición de Carrión dada el 18 de julio, de cesarla en funciones y nombrar a Tania Castillo (exdelegada de la Defensoría en el Carchi).
Esta disposición se hace cuando él se encontraba impedido de ejercer el cargo por fuerza mayor, en ausencia temporal. Al ser detenido, él mismo se aprobó las vacaciones por un mes. Existe la acción de personal, que regulariza sus vacaciones. Cuando estas vacaciones terminaron, él tenía la obligación de reincorporarse y podía haber emitido cualquier resolución, aun cuando estuviera desde la cárcel, pero nunca manifestó su intención de reincorporarse. Lo otro es que él emite esta resolución desde la cárcel, con firma electrónica desde la cárcel, cesándome en funciones. Por eso he presentado una denuncia en la Fiscalía por el presunto delito de ingreso de objeto prohibido a la cárcel. Yo tengo la acción de personal de que soy nombrada defensora subrogante y no existe una acción de personal en la que se me haya cesado. No hay ninguna acción de personal que nombre a Tania Castillo.
¿El CPCCS generó este conflicto entre usted y Castillo?
No creo que el CPCCS haya generado la situación. Son los intereses de la familia del doctor Carrión, de grupos cercanos que quieren la Defensoría. Porque el Consejo lo que hace es decir que exhorta a la Fiscalía para que investigue las denuncias. Y no lo dice porque no es su competencia nombrar al subrogante. La resolución del Consejo del 23 de julio ha sido usada políticamente para confundir a la ciudadanía y asaltar la Defensoría para poner personas afines a Carrión. Pretenden quedarse con la Defensoría para incidir en el juicio penal y político a Carrión. Yo lo dije desde el principio, no voy a permitir que esta institución sea utilizada para la defensa de actos por los que debe responder el defensor, no la institución.
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¿Cree que se esté propiciando un escenario de que se configure la ausencia definitiva de Carrión para nombrar a Castillo como subrogante?
En tres meses de ausencia temporal estaría por configurarse la ausencia definitiva, según la ley de la Defensoría. Eso deberá analizarlo el CPCCS. Pero se ha abierto un nuevo debate por el criterio de ciertos juristas de que la ausencia temporal se configuraría desde el mismo momento que fue detenido. Si se contempla esa posibilidad, la ausencia definitiva se configuraría el 17 de agosto. Hay otros criterios, de que se debe contar desde el último día de vacaciones. De ser así, se contaría desde el 18 de junio y la ausencia definitiva se configuraría el 18 de septiembre. Corresponderá al CPCCS analizar y realizar el proceso de transición. Estoy lista para entregar la institución en completo orden.
Usted ha mencionado en varias ocasiones que la familia de Carrión está detrás de estas acciones. ¿Por qué es tan importante tener el control de la institución?
Creo que tiene que ver con la incidencia que puede tener en los procesos políticos como penales que enfrenta Carrión. Creo que va por ahí, por hacer vigilancia del proceso tanto en sede administrativa como judicial y prejudicial, porque esa es competencia de la institución y hace que sea el blanco de sus intereses, porque desde aquí se podría incidir en estos procesos. Desde el primer día de mi subrogación se me estuvo insistiendo, acosando y persiguiendo para que incidiera en estos temas, y no lo voy a hacer. Llamamos a las autoridades, tanto en el juicio de Carrión y de todos los ciudadanos, que se lleven dentro del marco de la ley, eso es correcto. Pero incidir desde la Defensoría, jamás. Eso no lo hacemos en ningún escenario.
¿Ha visto a Carrión en la cárcel o hablado con él?
El único contacto que tuve con él fue por una llamada telefónica al día siguiente de que fue detenido y me llamó desde la cárcel para indicarme que iba a renunciar, y me trasladé a Quito para asumir la subrogación. Sin embargo, encontré los primeros tropiezos con su familia, que me dijeron que no va a renunciar y que vamos a seguir la línea de defensa de la institución. Y ahí vinieron todos los problemas, porque yo advertí que no me voy a prestar para poner la institución al servicio de una familia o de la autoridad. Cada persona es responsable de sus actos, la institución no puede hacerlo, y ahí le molesté al defensor.
¿Esto es una persecución política contra Carrión, por el informe de la Defensoría sobre las protestas de octubre del 2019?
Este informe fue hecho por una Comisión de la Verdad. El tema no va por ahí, porque el informe fue presentado con una denuncia a la Fiscalía por un delito de lesa humanidad. Es decir, ya está en la sede correspondiente. Me pregunto, ¿por qué este puede ser el motivo de la persecución? Si le corresponde a la Fiscalía determinar si hubo o no el delito. No va por ahí. Aquí hay dos temas: el penal, que se está investigando (por el presunto abuso sexual) y sobre eso no me voy a pronunciar. Pero lo otro tiene que ver con que Carrión en estado de excepción utilizó los vehículos de la institución en fin de semana, con servidores como el conductor y policías. Esto tiene que ver con la probidad notoria y es lo que afecta a la institución. Si Carrión regresa, yo renunciaré porque es una cuestión de coherencia con los principios. Desde mi punto de vista no existe tal persecución por el informe. Además, el tema no se quedó olvidado, estamos trabajando con actores de la Asamblea Nacional. Ese informe es un tema emblemático de la Defensoría del Pueblo, no es de Carrión, no tiene nombre y apellido. (I)
FUENTE EL UNIVERSO
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