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El Ejecutivo entregó a la Asamblea Nacional un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial que plantea la designación de jueces y fiscales anticorrupción, con lo cual se convierte la tercera iniciativa que presenta el régimen de Lenín Moreno, en su afán de lucha contra la corrupción.
El secretario anticorrupción, Iván Granda, comentó que para el gobierno es una prioridad tener jueces y fiscales anticorrupción y del crimen organizado.
Necesitamos, agregó, “que jueces y fiscales se pongan la camiseta de la ciudadanía”, para que nunca más una justicia de lado de los corruptos y que libere a delincuentes.
Dijo que se propone crear jueces distritales anticorrupción y del crimen organizado con características especializadas para la lucha contra la impunidad.
Señaló que el gobierno no quiere que ocurra lo que sucedió en Quinindé, en Los Ríos y en Quito, que cuando se plantea un seguimiento, una vigilia o una escucha legalmente judicializada o un allanamiento, los jueces generen procesos de notificación a quien va a hacer allanado o al que será investigado.
El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, se comprometió a agilitar el trámite del proyecto, y que será parte de las prioridades de la agenda legislativa.
Para el viceministro de gobierno, Patricio Pazmiño, de aprobarse la reforma, los operadores de justicia contarán con una herramienta importante para hacer de la justicia más eficaz y oportuna; y al mismo tiempo proporcionar a los jueces las garantías para que puedan operar contra el crimen con mayor celeridad.
Las reformas, añadió, constituyen un factor fundamental para la lucha contra la impunidad tomando en cuenta que el crimen organizado se sirve de la corrupción. (I)
FUENTE: EL UNIVERSO
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