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Después de 18 años de matrimonio, los últimos diez entre cotidianas agresiones, Luna tocó fondo hace tres años. Su esposo le presionaba un cuchillo sobre la garganta y ella, entre la vida y la muerte, le dijo: “Si quieres matarme, mátame, porque yo no voy a estar a tu lado”.
Un día después, con el pretexto de una compra, salió de casa y no regresó más. “Cuando una mujer desea salir adelante, lo hace a costa de todo. No es necesario que se dejen humillar por un plato de comida o un arriendo, no”, dice Luna, de 53 años, mientras cuenta este episodio de su vida frente a una psicóloga del centro materno infantil de la ciudadela Martha de Roldós, en el norte de Guayaquil, la semana pasada.
Ahí funciona una de las dos salas de primera acogida que el Ministerio de Salud habilitó para casos de violencia en Guayaquil. Hay quince en el país, aunque se requieren en todas las unidades médicas, las 24 horas del día, según señala la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aprobada por la Asamblea y vigente desde el 5 de febrero de 2018.
Esta herramienta legal contempla al menos 20 medidas urgentes que deben ser ejecutadas por 16 entidades para prevenir la violencia contra las mujeres, género que representa el 50,5% de la población del país (8,7 millones) y que hoy recuerda su día internacional.
A la cabeza de esas medidas urgentes figuran la creación de un registro único de violencia, un observatorio, comités ciudadanos de vigilancia y la elaboración del plan de transición para que funcione la ley, obligaciones que, pese a los plazos de hasta un año fijados en la ley, siguen en el punto de partida.
“Se hacen todos los esfuerzos, el plan de transición está en aprobación de las autoridades, lo anunciarán el 8 de marzo (hoy)”, dice Rocío Rosero, subsecretaria general de Derechos Humanos, entidad creada hace un mes. En ese tiempo, explica, se ha definido en $ 14 millones el presupuesto de la Ley, se han creado protocolos de respuesta inmediata a las víctimas y se han reactivado los equipos de trabajo.
No está funcionando el sistema. Para que funcione necesitamos ese mecanismo de interoperatividad con funciones específicas”, comenta Rocío Rosero, subsecretaria general de Derechos Humanos.
El registro único de violencia es una demanda de las organizaciones civiles que buscan sincerar las cifras de agresiones y abusos contra la mujer, cifras que no solo reposan en la Fiscalía. La Judicatura registra los juicios; Salud, las atenciones médicas; Policía, la protección a víctimas; Educación, los abusos en planteles; el ECU-911, las llamadas de auxilio, y así una decena de entidades.
De ahí que los números, por ejemplo de femicidio, no cuadran. “Unos dicen 315 y desde la sociedad civil estamos por los 600”, comenta Liz Ernest, de la Coalición Nacional de Mujeres, que agrupa a 24 organizaciones femeninas que hoy se unirán a la huelga denominada #8M.
La última estadística de la Fiscalía se acerca a la que maneja la Coalición: 557 femicidios desde el 2015 hasta enero pasado. De estos, 247 acusados están prófugos y 310 detenidos (152 ya recibieron sentencia).
En tanto que de violencia psicológica, en el periodo del 2014 al 31 de enero de 2019, se presentaron 200.876 denuncias, a razón de 110 por día.
Una de ellas es la que Aitana, de 36 años, presentó contra su pareja. “Delante de mis hijos (mi esposo) me dijo: ‘Yo puedo venir cualquier día de madrugada y así como te encontré dormida puedo ponerte una mascarilla con gas o te puedo poner una jeringa con aire y ahí quedaste, ¡oh pobrecita!, te dio un infarto”, cuenta esta mujer que huyó de casa y vive con un familiar a la espera de una sanción para el padre de sus tres hijos. El jueves, Aitana solicitó medidas de protección.
“En el 90% de los femicidios, el victimario es procesado”, afirma la fiscal de género Verónica Barragán, y resalta que se ha capacitado a los fiscales y forenses y se han fortalecido las unidades de violencia de género. Hay unas 80 fiscalías especializadas en el país.
La Judicatura, dice su presidenta María del Carmen Maldonado, también ha capacitado a los servidores judiciales. Aunque admite la falta de jueces, ella destaca las áreas de atención especial a las víctimas, como la creada la semana pasada en Guayaquil, con consultorios privados, ingresos separados para la víctima y el agresor y con salas de Gesell para la declaración confidencial de testigos. “Contamos con un presupuesto inicial de $ 6 millones…, hay restricciones”, confiesa Maldonado.
La falta de recursos también impide que el Ministerio de Salud (MSP) cumpla con la creación de más salas de acogida, con médico y psicólogo. Por ello, la directora nacional de Derechos Humanos y Género del MSP, María del Cisne Ojeda, explica que se apoyan en las áreas de emergencia de los hospitales para que ahí se dé la primera acogida a las víctimas.
“Es un tema complicado, la verdad; no se vio la integralidad del sistema de salud, porque tenemos que cumplir con las otras patologías”, explica Ojeda y precisa que maneja $ 400.000 de presupuesto.
La historia se repite en el Consejo para la Igualdad de Género. Su titular, Paola Mera, cuenta que de $ 1 millón anual asignado le han reducido el 10%, pero que eso no les ha impedido avanzar con las tareas que le asigna la Ley. “No hay presupuesto para proyectos, pero nuestra preocupación era que los GAD no tengan cómo aplicar la ley”, dice Mera y explica que por ello hicieron una guía de medidas para que los gobiernos autónomos protejan a las víctimas. Esta guía se entregará en junio, anuncia Mera, tras las próximas elecciones y posesión de las nuevas autoridades.
En la ruta que marca la ley para lograr la igualdad de las mujeres, la medida que considera más urgente la duraneña María Fernanda Mosquera, de 37 años, es lograr la independencia económica que ata a las mujeres a la violencia. Ella lo logró, dice, a través de los planes del Ministerio de Inclusión Económica y Social. “El 93% de beneficiados son mujeres, el 65% son emprendimientos exitosos. Hay casos en que ellas les dan trabajo a los esposos”, dice la ministra Berenice Cordero.
María Fernanda aprendió a hacer accesorios con tagua. El jueves de la semana pasada expuso sus productos en una feria junto a la terminal terrestre de Durán. “Aprendí este oficio y así me ayudo a mantener a mis tres hijos, soy madre soltera”, dice Mosquera convencida de que hay que eliminar el machismo en la sociedad desde la escuela.
Según la Ley, el Ministerio de Educación debe implementar en la malla curricular los contenidos que fomenten el respeto a la mujer, obligación que el subsecretario para la Innovación y el Buen Vivir, Diego Paz, asegura que se cumple como eje transversal en el pénsum, al tiempo que capacita a los docentes y se los sanciona cuando incurren en violencia sexual. El año pasado, precisó, se separó a 376 profesores.
“La malla curricular es rica en espacios para temas de prevención de la violencia contra la mujer”, dice y agrega que los planteles deben aprovechar estos espacios y cumplir con la reinserción de víctimas.
Ese es el anhelo de Laura, una mujer de 22 años que sueña con terminar el bachillerato que dejó inconcluso cuando salió de la casa de sus tíos, donde era víctima de acoso sexual. “Mi tía no me creyó (…), dormí muchos días en la calle”, recuerda Laura, quien vivió luego en Santo Domingo con el padre de su hija de 2 años.
“Él quiso obligarme a que me acostara con otros”, contó el jueves, de vuelta en Guayaquil, mientras recibía, en la fundación María Guare, terapias para dejar atrás la pesadilla que vivió y empezar de cero.
‘Las mujeres queremos que respeten nuestras vidas’
Carmen tenía 10 años cuando vio por última vez a su mamá. “Nos dejó con mi padrastro. Él regaló a mis hermanas y a mí me hizo su mujer”, cuenta esta esmeraldeña, hoy de 26 años, quien tras siete años de golpes y abusos escapó a otra ciudad.
Pero los episodios violentos volvieron hace cuatro años, cuando conoció a su expareja: “No podía conversar con nadie, era muy celoso, me pegaba”.
Carmen, que no trabajaba, aguantó tres años las agresiones y huyó luego de que intentara matarla frente a su hijo. Hoy está refugiada en una casa de acogida. Ahí se recupera de las marcas emocionales que acumula desde su niñez.
Los dos agresores de Carmen tenían las mismas características: mal manejo de las emociones, especialmente la ira, deseos de control y dominio, manipulación, conducta celópata, comportamiento pasivo-agresivo y, en algunos casos, rasgos psicópatas, señalan psicólogas.
Sofía Rodríguez, perito en psicología clínica, explica que un potencial femicida tienen una concepción distorsionada de la mujer. “Como objeto de dominio, de control…”, apunta.
Y ese control a veces es sutil, refiere Carolina Macías, psicóloga de la fundación María Guare: “Mi esposo me lleva y me trae al trabajo, porque le gusta cuidarme, pero detrás de esa supuesta protección está ese deseo de control…”.
Este tipo de hombres tampoco saben manejar sus emociones. “No saben hablar de sus malestares, no reconocen sus sentimientos y sus respuestas suelen ser muy viscerales”, agrega la psicóloga Rodríguez.
El hombre violento puede venir encubierto en una personalidad dócil, atenta, de mucho afecto, pero por lo general cuando ya están en la relación se transforman en un ente de control y dominio”, sostiene Sofía Rodríguez, psicóloga perito.
La manipulación emocional, según la psicóloga perito Cinthia Almeida, puede llegar con un “si me dejas, me mato”, o usan a los hijos para impedir que la mujer se desarrolle profesionalmente. Esto le pasó a María, periodista de 39 años.
“Me decía ‘si trabajas, quién cuida a tus hijos’, o ‘para qué vas a trabajar, si te doy todo’. Al final no tenía nada, me perdí”, dice esta mujer, tras 18 años de recibir agresiones psicológicas.
Su expareja tenía características pasivas-agresivas, porque empleaba la sutileza y el afecto para enmascarar ofensas y humillaciones, explica Almeida.
Otros tienen rasgos psicópatas. “Son aquellos que no sienten remordimiento, disfrutan el poder y sufrimiento de la víctima”, explica Rodríguez.
En cambio, las psicólogas coinciden que las víctimas suelen tener baja autoestima, sumisión, dependencia económica o emocional y sobrecarga de roles, como las historias de María y Carmen. “Es difícil separarse cuando eres mantenida y no tienes a quién recurrir, pero era él o yo”, dice María, quien en este Día de la Mujer clama: “Queremos que respeten nuestras vidas”.
Hay menos inversión en campañas y actos
Unos $ 5 millones se han destinado a campañas contra la violencia y actos por el Día de la Mujer en el periodo 2008-2018, según datos del Servicio de Contratación Pública, Sercop.
En el 2008 la inversión se ubicó en $ 3.747 y al año siguiente llegó a $ 35.000. Los recursos crecieron a $ 111.000 en el 2010 y alcanzaron $ 1,6 millones en el 2014, año en que se tipificó el femicidio como delito. Sin embargo, desde el 2015 la inversión disminuyó. En el 2018 fue de $ 410.000.
La mayoría de entidades que según la ley deben crear campañas no cuentan con recursos. “No tenemos ningún presupuesto para cumplir con la competencia”, dice Francisco Hurtado, adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. La entidad pidió $ 3 millones que no se autorizaron. Sin embargo, aclara, dan asistencia a las víctimas.
La Secretaría Nacional de Educación Superior tampoco ha ejecutado campañas sobre la temática, pero han dado siete becas universitarias a víctimas de violencia, destaca Mónica Mancero, subsecretaria general de Educación Superior. (I)
FUENTE: EL UNIVERSO
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